El proceso de atesoramiento para la formación de una nueva burguesía venezolana[1] (2002-2026)[2]

Luis Bonilla-Molina[3]

Capitalismo rentista

Desde comienzos del siglo XX la explotación petrolera en Venezuela fue determinando particularidades en el desarrollo capitalista, la constitución de clases sociales y sus representaciones políticas, el modelo de enriquecimiento burgués y las formas de control social. El economista brasileño Celso Furtado, definía el caso venezolano como “subdesarrollo con abundancia de divisas”, expresado en desindustrialización, corrupción, rápida concentración de riqueza en pocas manos y severas crisis de pobreza.

El término Estado Rentista fue popularizado por Hossein Mahdavy en 1970 para describir  a los Estados que reciben ingresos masivos resultantes de rentas externas (regalías petroleras), los cuales desarrollan patrones económicos y políticos singulares, con dependencia exacerbada de la explotación petrolera, redistribución clientelar y precario incentivo para diversificar la producción. Asdrubal Baptista desarrollaría el concepto de capitalismo rentista (1997) para describir el modo de acumulación y atesoramiento burgués que ocurre en Venezuela, basado en la renta externa más que en la producción interna, con todo lo que significan las fluctuaciones de precios del crudo a nivel internacional en la economía local.

Como la burguesía venezolana es el resultado de un proceso de enriquecimiento rentista, propio del desarrollo desigual y específico del capitalismo en el país, esto hace imposible estudiar y entender el atesoramiento y la acumulación burguesa venezolana, en el estricto marco de patrones globales o regionales. Por eso, usamos el término atesoramiento para describir la captura y concentración del capital, sin que eso niegue la necesidad que tiene la burguesía de seguir ampliando su riqueza, usando parte de este dinero para impulsar otros mecanismos de acumulación por desposesión, como ocurre con la importación o la especulación financiera.

La arquitectura de la relación economía-poder-política-sociedad del rentismo venezolano se fue estructurando desde la década de los veinte del siglo pasado, con tensiones permanentes entre dictadura y democracia, partidos políticos y otros instrumentos de intermediación social, papel del Estado y economía social, haciendo del rentismo un fenómeno no solo económico, sino también político, cultural y social. La propia forma de entender la ciencia, innovación, desarrollo tecnológico y educación fue altamente influenciada por el rentismo, que además imponía un cosmopolitismo consumista en todas las esferas. 

Orígenes de la actual crisis venezolana

El rentismo petrolero vivió un auge excepcional a partir de los llamados booms petroleros de 1973-1974 y 1979-1981, haciendo que el PIB creciera fuertemente hasta mediados de los setenta, con rasgos de estabilidad macroeconómica (inflación baja, tipo de cambio fijo en 4,30 bolívares por dólar desde 1964, deuda externa moderada), pero este modelo resultaba insostenible a largo plazo por su dependencia extrema de los ingresos petroleros, con gasto público expansivo, sobrevaluación del bolívar y carencia de diversificación productiva. Una parte importante de la renta fluía en los mecanismos de intermediación política y control social, los esquemas de consumo, hasta las formas de entender el llamado ascenso social basado en distorsiones en la forma de obtener y ostentar bienes.

A finales del gobierno de Carlos Andrés Pérez (1978) y durante el mandato de Luis Herrera Campins (1979-1984) aparecen indicios de colapso del modelo, con la contracción del PIB real per cápita en algunos trimestres o años, la caída de la tasa de acumulación del capital, inflación que sube de niveles moderados (7% en 1978) hacia niveles más altos afectando de manera acelerada la calidad de vida de la población, incremento de la deuda externa, déficit fiscal y comercial incipientes. El intelectual venezolano Arturo Uslar Pietri, acostumbraba a señalar que Venezuela había dilapidado en ese periodo, el equivalente a veinte planes Marshall.

1979-1983 es un periodo de aceleración en la crisis del modelo como resultado de la caída de los precios del petróleo (1981-1982) que producen una baja de las exportaciones de hasta el 30%, se genera una fuga masiva de capitales que algunos economistas estiman en 8.000 millones de dólares, añadiéndose la crisis de la deuda externa latinoamericana que afecta la posibilidad de refinanciamiento, y la merma abrupta de las reservas internacionales (19.000 millones en 1981 a 4.000 millones en 1983), dando inicio a lo que el destacado analista Malfred Gerig denomina la larga depresión venezolana. Esta crisis se acelera y potencia con la llegada de la globalización neoliberal y sus presiones sobre el Estado-nación, el desmontaje de lo que se relacionaba al Estado de Bienestar y el inicio del ciclo posfordista.

Lo que ocurre a partir de las medidas gubernamentales tomadas en febrero de 1983, no es solo la suspensión temporal de la venta libre de divisas, la devaluación efectiva del bolívar, el inicio de la pérdida de poder adquisitivo de la población (70-75% en solo horas para ahorros y salarios en bolívares), imposición de restricciones a la salida de divisas, sino que el modelo de atesoramiento rentista colapsa. Es el inicio de la actual crisis sistémica que vive Venezuela, que lleva cuarenta y tres años sin resolverse, y en cuyo curso la llamada revolución bolivariana, fue un intento de superación, que lamentablemente no logró superar el modelo rentista, mucho menos consolidar una salida anticapitalista.  A esta eclosión se le han añadido otras crisis complementarias[4] que hacen más compleja la salida desde una perspectiva del mundo del trabajo.

La revolución bolivariana entre dos corrientes de aguas turbulentas

Al producirse el golpe de Estado de 2002, que separó por horas del poder a Chávez, y colocó al frente del llamado gobierno de Salvación Nacional al líder de la federación empresarial Fedecamaras, Carmona Estanga (con el apoyo de María Corina Machado), se produce un quiebre sin precedentes entre la burguesía y el poder político. Esto reconfigura la forma como el liderazgo de la revolución bolivariana se venía relacionando con la burguesía.  

Como lo hemos explicado en otros escritos, a partir de 2002 Chávez impulsa dos proyectos paralelos (de hecho, aunque no de manera explícita), por una parte, la construcción de poder popular y socialismo del siglo XXI, y por la otra, la conformación del proyecto económico de la revolución, constituir una nueva burguesía. Esta dualidad expresaba una de las formas que tomaba la lucha de clases en Venezuela en este periodo.

Esta situación generó -y lo sigue haciendo- todo un debate en la izquierda radical respecto a si se debió apoyar o no a la revolución bolivariana, especialmente ante este giro (que es necesario señalar no resultaba evidente en ese momento). Una parte importante de la izquierda apostamos por apoyar, como progresiva, la llamada a construir poder popular y luego el socialismo del siglo XXI, en el marco de la lucha de clases. Otro debate que difícilmente se podrá cerrar con consenso es respecto hasta que momento fue correcto seguir apoyándole, pero esa es una discusión para otro artículo.

Como mencionamos, el modelo de acumulación y atesoramiento rentista de Venezuela es una especie de anomalía, que no responde a los modelos fordista del capitalismo industrial, pero tampoco encaja en el posfordismo de la producción de subjetividades, sino que parecería una especie de híbrido, con identidad propia en el marco de la acumulación burguesa y el capitalismo del siglo XXI.

El entramado bancario

En economías rentistas como la venezolana, el sistema bancario no siempre funciona como un motor de crédito para la producción capitalista, sino como un puente o intermediario de la renta. El enriquecimiento a través de la banca ocurre mediante la manipulación de variables financieras que solo el Estado controla.

Entre 2002-2009 una parte sustantiva del atesoramiento ocurre por varias vías. La primera la del arbitraje con títulos de la deuda (notas estructuradas), proceso en el cuál el gobierno emitía bonos de la República o de la industria petrolera (PDVSA) denominados en dólares, pero permitía que los bancos nacionales los compraran en bolívares, a un valor de la tasa de dólar subsidiada[5].  Los bancos, y sus clientes VIP (en su mayoría vinculados a las jerarquías gubernamentales) adquirían estos títulos y luego los vendían a su precio real en el mercado internacional de dólares.

La segunda, por intermedio del “float” o manejo de fondos públicos, cuyo mecanismo permitía que los ministerios y empresas estatales depositaran sus presupuestos en la banca privada, no en el banco central. Los bancos utilizaban estos depósitos al colocarlos en título valores del propio Estado que devengaban intereses (como si fueran letras del tesoro). Es decir, el banco gana intereses “prestándole” al Estado con su propio dinero, generando ganancias financieras de bajo riesgo.

Tercera, el crédito indexado a la inflación y la devaluación, mediante el cuál los bancos otorgan créditos en bolívares a tasas de interés que quedan por debajo de la inflación (tasas reales negativas), que hacen que quien tenga acceso al crédito bancario en esas condiciones (por lo general sectores vinculados a la élite política) utilicen ese dinero para comprar activos (inmuebles) o dólares en el mercado negro en permanente ascenso, lo cual hace que al final del plazo del préstamo devuelvan al banco bolívares que no tienen valor comparado con los bienes que adquirieron. Esto operó como una acumulación por desposesión, al transferir la riqueza de los ahorristas (cuyo dinero perdía valor) hacia los grandes deudores con conexiones políticas.

Cuarta, las comisiones por intermediación bancaria, que se concretaba bajo el esquema de controles de cambio como CADIVI, SICAD o SIMADI, en los cuales los bancos actuaban como operadores. Al ser el banco el filtro para que una empresa acceda a las divisas subsidiadas, estas entidades financieras cobraban “comisiones de intermediación” o exigían la apertura de cuentas en bancos del exterior de los cuales eran propietarios o socios los gerentes locales, haciendo que la renta petrolera fluyera a paraísos fiscales o cuentas privadas bajo la forma de operaciones legales de importación.

Quinta, la llamada “banca de maletín”, instituciones financieras que se crearon con el único propósito de poner en marcha el esquema mencionado en los cuatro puntos anteriores. No eran bancos en el sentido acostumbrado, es decir no contaban con sucursales o red de agencias para el público, sino que eran oficinas de gestión financiera, que además servían para legitimar la renta petrolera obtenida por sobrefacturación, contratos públicos o corrupción directa, moviéndolas a través del sistema Swift internacional antes que los controles oficiales pudieran detectarlas.

En síntesis, una parte del sistema bancario operó como mecanismo de concentración de capital para la conformación de la nueva burguesía, al atraer depósitos estatales, transformar bolívares en dólares mediante arbitraje, capturar el diferencial por subsidio del dólar oficial y facilitar la fuga de capitales hacia el sistema financiero global. La nueva burguesía, desde sus orígenes no tiene rasgos nacionalistas, por el contrario, se inserta rápidamente en la lógica del sistema-mundo.  

En este periodo (2004) se crea el ministerio de alimentación, que como veremos más adelante, sería fundamental para diversificar el modelo de acumulación y atesoramiento burgués.

La nueva burguesía aparece en escena pública

La crisis bancaria de 2009 pone en evidencia esta forma de concentración de capital por parte de la nueva burguesía. El detonante lo constituye el esquema de las notas estructuradas, que había avanzado a la compra de deuda soberana de otros países (especialmente Argentina y Ecuador) y bonos de la República por parte del Estado, que luego eran revendidos a la banca local, especialmente al sector donde estaban los operadores de la nueva burguesía. Los bancos compraban estos papeles del Estado a precio de bolívares en tasa oficial, que al ser instrumentos denominados en dólares los volvían a vender en divisas norteamericanas en el mercado paralelo, que aumentaba el diferencial de ganancia, generando una liquidez masiva instantánea, que hizo que bancos pequeños, creados o adquiridos en el periodo 2002-2009, pasaran de ser entidades modestas, a manejar fortunas en solo siete años.

Esto dejó en evidencia la perversión que significaba la compra de bancos con el dinero del propio Estado, o la llamada “auto compra”. Nuevos (y viejos) empresarios, con conexiones políticas recibían depósitos masivos de entes estatales (como los ministerios de finanzas o PDVSA), con cuya liquidez compraban otros bancos o empresas de seguros (el Estado fue adquiriendo seguros privados para sus empleados, lo que operaba como mecanismo adicional de atesoramiento). La nueva burguesía se convirtió en propietaria de bancos, con los dineros que debían custodiar, no con capital propio. Esto se hizo evidente con la crisis financiera de 2009, en la cuál familiares y allegados de altos funcionarios aparecieron como propietarios de bancos y seguros que se habían constituido con estos esquemas.

El mecanismo de concentración de capital no se detenía ahí, por el contrario, se ampliaba con el ciclo de paso de depósitos públicos al otorgamiento de créditos a empresas propias. Contrario al discurso político de confrontación, la vieja burguesía no quedó ajena a este esquema de concentración de riqueza, por el contrario, actuó como dinamizador al fungir como corresponsales y operadores de las grandes emisiones de bonos de la deuda que alimentaban el mercado financiero especulativo, además, que al ver el riesgo país que la aceleración predatoria de esta dinámica imponía, optaron por vender sus entidades bancarias a la nueva burguesía, muchas veces a precios inflados.

Al final, ante esta crisis bancaria que tenía rostros de nueva burguesía, el Estado actuó como de costumbre, lanzando salvamento estatal y socializando entre el común las pérdidas. Cuando el esquema de las notas estructuradas se agotó, los bancos empezaron a presentar huecos patrimoniales por el desvío de fondos a empresas personales, lo que hizo que el modelo de atesoramiento burgués colapsara. A partir de noviembre de 2009, el Estado intervino a una serie de bancos (Banco Canarias de Venezuela, Banco Confederado, Bolívar Banco, Banpro o Banco Provivienda, Banco Real, Central Banco Universal, Baninvest y Banorte). Si bien la crisis bancaria de Venezuela sufre los coletazos de la crisis mundial de 2008, es necesario analizarla en sus complementariedades, pero también en sus singularidades.

Esta intervención bancaria y los señalamientos al llamado Zar de la red de alimentos populares MERCAL, puso en evidencia cómo los programas sociales estaban siendo usados para este modelo de acumulación por desposesión, haciendo que para la nueva burguesía la pobreza fuera funcional a su origen, desarrollo y crecimiento. Un elemento a destacar, es el hecho que se puso en evidencia la participación de la Tesorería Pública en el direccionamiento de los depósitos públicos y las asignaciones de las notas estructuradas.

Esta crisis culminó con la creación del Banco Bicentenario (quien absorbió y administró el salvataje de la crisis), lo cual se hizo a partir de un banco estatal considerado eficiente, como lo era Banfoandes. El Estado usó la renta petrolera para devolver el dinero a los ahorristas.  2009 fue el año que se hizo evidente e inocultable la existencia de dos proyectos paralelos en la llamada revolución bolivariana, el popular-socialista-comunal y el de creación de una nueva burguesía, que pretendían ser juntados en un nuevo modelo policlasista de gobernabilidad.

Las Casas de Bolsa y Sociedades de Corretaje en los esquemas de atesoramiento

Después de la crisis bancaria, el grueso del modelo de concentración de capital y enriquecimiento burgués (2008-2010) se trasladó a las operaciones en las Casas de Bolsa y Sociedades de Corretaje, periodo conocido como la era del dólar permuta. En este periodo la acumulación se hizo además mediante el arbitraje de títulos.  Debido a que el acceso a dólares oficiales a través de CADIVI (agencia estatal de control cambiario) era muy lento (y preferencial), las Casas de Bolsa crearon el mercado paralelo legalizado basado en la compraventa de títulos valores, denominado en dólares, pero adquirido en bolívares. En esta triangulación las Casas de Bolsa transferían el título a una cuenta en el exterior (Panamá, Suiza, Miami), vendiéndolo al dólar normal (no subsidiado), haciendo que el propietario de estos títulos obtuviera dólares (fuga de capitales) en el exterior y las Bolsas ganaran por la intermediación. Esto hizo que comenzará a existir una creciente brecha entre el dólar oficial y el dólar paralelo. Por su parte, el arbitraje de títulos hacía que, algunas Casas de Bolsa recibieran adjudicaciones directas de bonos por parte de la Tesorería Nacional, los cuales eran vendidos a otros actores económicos del mercado con sobreprecio quedándose las Bolsas con el diferencial; algunos analistas estiman que en un solo día una Casa de Bolsa podía ganar millones de dólares. En ese esquema la relación, operadores de bolsa, funcionarios y nuevos burgueses desarrollaban un modelo de atesoramiento muy particular.

Esto fue creando entre 2008 y mayo de 2010 una burbuja de las Casas de Bolsa, que operaban en oficinas lujosas sin tener una cartera real de clientes minoritarios, entidades que eran usadas para obtener ganancias a partir de sobrefacturación de contratos estatales y sacar capitales del país. Este esquema explotó con el llamado Casazo, que llevó al Banco Central de Venezuela (BCV) a prohibir que las Casas de Bolsa operaran títulos valores en dólares, creando el SITME (Sistema de Transacciones con Títulos de Monedas Extranjeras) que centralizó el negocio de los bonos en el BCV. Esto mostraba que la dinámica de captura de capitales por parte de la burguesía se movía hacia donde el Estado estuviera colocando el excedente de la renta petrolera.

Control cambiario, importaciones y atesoramiento

A partir de ese momento (2010 –   ) un eje de la apropiación burguesa del capital rentista paso a ser la importación de alimentos para los sectores populares, ya fueran otorgados a precios subsidiados o mediante entrega directa a cero costos. Este esquema se construye a partir del arbitraje  de importaciones (la era CADIVI/CENCOEX), mediante la terciarización internacional y el control de la logística, usando la experiencia del arbitraje bancario para el arbitraje alimentario, y la colocación de la renta en cajas de alimentos.  

De hecho, al cancelarse el mercado bursátil, el mecanismo ideal para obtener dólares baratos (subsidiados por el petróleo/captura de renta) era pedirlos al Estado con el propósito de traer comida.  Esto creaba un mecanismo muy perverso, pues al importador se le podían otorgar 1.000.000 de dólares, el dejaba 500.000 en una cuenta suya en el exterior y solo destinaba la mitad para traer alimentos al país; al adquirirlos el Estado, a precios del mercado calculado con dólar real, se liquidaba lo prestado. En ese periodo se habló de contenedores vacíos, otros llenos de piedras que se declaraban como de carga alimenticia, y los escándalos de productos vencidos que habían sido adquiridos así para maximizar la ganancia. Para que se entienda mejor el mecanismo de atesoramiento, tenemos que conocer que mientras el valor real de un dólar era de 100 bolívares, al importador se les otorgaba a 6,30 bolívares por dólar, solo el diferencial cambiario era de por si una fortuna que se acumulaba de inmediato.

La muerte de Chávez (2013), permite el surgimiento del Madurismo expresión política de un nuevo momento de voracidad acumuladora de la nueva burguesía y respuesta a la caída de los precios petroleros, que llevó a este sector a liquidar la parte del proyecto nacional-popular-socialista impulsado por Chávez, para concentrarse en la consolidación del proceso de atesoramiento de los nuevos ricos. Delcy Rodríguez (actual presidenta encargada), Jorge Rodríguez (presidente del parlamento (ministro de Relaciones interiores) y Vladimir Padrino (devaluado ministro de la Defensa), fueron parte estructural del Madurismo, y hoy están en proceso de mutación y acomodo al rol de junta de administración colonial que le ha asignado los Estados Unidos.

La solución del problema de alimentación y el modelo de acumulación por desposesión

A partir de la conformación y estatización de los Consejos Locales de Alimentación y Planificación (CLAP), en 2016, se pasó de empresas privadas de maletín para la importación que servían como aspiradoras de la renta, a redes de intermediarios trasnacionales con conexiones directas en las altas esferas del poder.  Esto permitía no solo acumular, sino construir relaciones políticas que le habían sido adversas con sectores empresariales vinculados internacionalmente a la socialdemocracia o incluso de ultraderecha (caso de empresarios colombianos asociados a sectores acusados de vínculos con el paramilitarismo. Estas empresas compraban productos de baja calidad en el mercado mundial y los vendían como si fueran de primera en el país, cuatriplicando las ganancias. El control de la logística (donde estaban muchas empresas vinculadas a figuras militares) operaba como otro mecanismo de captura de la renta a través del flete y los procesos de distribución en los territorios (la entrega a los consejos comunales o los CLAP). La pobreza, el desabastecimiento, la inflación y la falta de poder adquisitivo contribuían al enriquecimiento burgués, y al sostenimiento del andamiaje no ideológico del poder.

Es decir, de las notas estructuradas y los bonos se pasó a las cajas de comida, del diferencial bancario del BCV a la ampliación de este diferencial más los sobreprecios, de la soberanía financiera a la soberanía alimentaria, especialmente después de las sanciones o medidas coercitivas unilaterales aplicadas por los Estados Unidos y las naciones europeas. Las sanciones fueron funcionales al modelo de captura de la renta, concentración del capital y enriquecimiento de la nueva burguesía.   En esta fase el atesoramiento no requería la intermediación bancaria, sino la existencia de una empresa asociada en países con controles flexibles, contactos de alto nivel gubernamental que otorgara las licencias de importación y acceso a las divisas subsidiadas por el Estado.

El arco minero, oro, tierras raras y economía digital en la consolidación de una nueva burguesía

Al colocarse en vigor las sanciones norteamericanas y salir Venezuela del sistema Swift los mecanismos tuvieron que desmaterializarse (criptomonedas) y volver a valores físicos (explotación y apropiación del oro). Al congelar Estados Unidos las cuentas en el exterior del BCV y PDVSA, se activó con toda fuerza el proyecto del Arco Minero, que, al no tener un control público, ni rendirse cuenta de ellos, hizo que la producción de oro se convirtiera en la caja chica de la nueva burguesía y el gobierno, creándose un nuevo mecanismo de atesoramiento. La opacidad al respecto es total, no se sabe cuantas son las reservas actuales de oro, como se vendió y almacenó el metal precioso proveniente del arco minero.  Además, alrededor del Orinoco se comenzaron a explotar tierras raras, o las llamadas “arenas negras”, a través de la Corporación Venezolana de Minería (CVM), especialmente alrededor de la casiteria, el níquel, el rodio, el titanio y otros minerales, cuya explotación, comercialización e ingresos de recursos altamente flexibilizados contribuye a la acumulación de riqueza para la nueva clase social burguesa.

Por su parte, las criptomonedas, especialmente promovidas por el gobierno desde 2016-2017, con granjas de minería, constituyeron otro modelo de acumulación por desposesión, mediante mecanismos financieros especulativos, que le permitieron a la burguesía criolla “aprender” a generar ganancias en entorno tan volátiles como estos. Con la creación del Petro (2017), la criptomoneda criolla, esta moneda digital operó como un mecanismo de negociación internacional que saltaba los controles de los países que aplicaban las sanciones. El uso de Stablecoins (USDT) permitía vender petróleo y comerciar, sin tener que pedir permiso al sistema bancario global. Este esquema colapsó al desaparecer 23.000 millones de dólares de las finanzas públicas, cuando quedó en evidencia que estaban registradas deudas como cuentas por cobrar por parte de PDVSA, a pesar qué, las mismas habían sido canceladas, pero los recursos por estos conceptos habían sido convertidos en monedas digitales por parte de nuevos ricos en altos cargos de gobierno, especialmente de la estatal petrolera.

La circulación de dólares provenientes del oro, el arbitraje de criptomonedas y la sobre facturación generaron lo que los economistas llaman “el espejismo de la recuperación”, o la burbuja de consumo, localizado y segmentado al radio de acción de quienes gravitan en esta subeconomía. Eso llevó al surgimiento de los llamados Bodegones, donde había de todo tipo de mercancía importada, empresas que fungían como mecanismos de captura de la renta, en su mayoría en manos de familiares de políticos y militares. Así mismo, la apertura de concesionarios de vehículos de alta gama y de lujo operaba como otra dinámica de captura de este tipo de renta. Otras salidas a este flujo de capitales se expresaron en la activación del mercado inmobiliario, la construcción de grandes edificios y centros comerciales.

Cuando el fiscal general de la República informó del encarcelamiento de los responsables de la corrida de las cripto monedas, detalló que las monedas digitales y los dineros de PDVSA, habían sido usados por el sector acusado de corrupción, para incrementar la devaluación del bolívar, y la elevación del precio del dólar, como otro mecanismo de apropiación de la renta. Es decir, la tragedia que estaba viviendo la clase trabajadora venezolana, producto de la devaluación del poder adquisitivo del bolívar y de la inflación, no solo era el resultado de las sanciones norteamericanas, sino del esquema de atesoramiento que operaba mediante la corrida constante y ascendente del precio del dólar por parte de la nueva burguesía y de altos funcionarios que controlaban las criptomonedas y los ingresos petroleros.

En cada una de estas etapas, los dineros de la corrupción se legitimaban en estos mecanismos de captura ampliada de la renta, siendo el presupuesto público otra de las fuentes de enriquecimiento burgués, lo cual explica como Venezuela a pesar de haber recibido ingresos equivalentes a 10 planes Marshall en los últimos 25 años, vio destruir su infraestructura de manera acelerada, así como las condiciones materiales de vida de la población. El binomio corrupción-pobreza operaba como un sistema de acumulación por desposesión.

La necesidad inter burguesa de acordarse

La búsqueda de acuerdos inter burgueses para sostenerse en el poder, es parte de la naturaleza de la burguesía como clase social. Por eso, desde 2018 la nueva burguesía venezolana trabajó intensamente para acordarse con la vieja burguesía y conformar una sola clase sin separaciones confrontacionales. Para este propósito era necesario recomponer la relación con los Estados Unidos, mostrando que lo que quedaba de revolución bolivariana había perdido toda capacidad y voluntad de radicalidad; las negociaciones se hacen públicas desde 2019, cuando Maduro confirma que se habían iniciado diálogos con la primera administración Trump, que continuarían con Biden (reconocido el 8 de marzo de 2022) retornando Venezuela a su rol de surtidor seguro de petróleo a Estados Unidos en el marco de la guerra de Ucrania.

 Entre 2018-2026 se produjo un acelerado acercamiento entre las dos burguesías (cuarto republicana y quinto republicana), a tal punto que hoy muchos pensamos que ambas están prácticamente integradas en sus intereses y, cuya cara visible de esa fusión es Delcy Rodríguez, la actual presidenta interina. Desde 2021 Delcy Rodríguez es invitada de honor a las asambleas anuales de la empresarial FEDECAMARAS, y después de los eventos del 3 de enero de 2026, es quien convoca a la flexibilización jurídica para el fomento de la inversión privada, nacional e internacional con el aplauso consensuado, ya no solo de toda la burguesía nacional sino internacional.

Para lograr este consenso burgués, entre 2018-2026 no solo ilegalizaron e intervinieron a todos los partidos de izquierda, sino aplicaron un paquete de liberalización de la economía, restricción de las libertades sindicales y el derecho a huelga, limitaron la libertad de opinión y confiscaron la soberanía popular. La ley Antibloqueo (eufemismo para imponer un nuevo ajuste neoliberal a la economía venezolana) y la Ley de Zonas Económicas Especiales son solo expresiones de este reacomodo.

La burguesía venezolana (cuarto y quinto republicana) acepta la relación colonial

En el marco del surgimiento de un nuevo orden mundial, que Estados Unidos aspira liderar, resultaba insuficiente la concesión de derechos de petróleo y en la economía que había impulsado Maduro; la administración Trump quiere un acceso total a la energía y las riquezas venezolanas. Se inicia en agosto de 2025 la ofensiva militar norteamericana en el Caribe sur, que encuentra a la burguesía venezolana unificada, intentando mantener el estatus quo de atesoramiento. Para la burguesía unificada la clausura democrática ocurrida desde julio de 2024 no es el centro de sus preocupaciones, como tampoco lo es para Estados Unidos después de los acontecimientos del 3 de enero de 2026.

En los 30 días siguientes al ataque imperialista contra Venezuela, la captura y secuestro de Maduro, y la imposición de una situación de protectorado, vigilado directamente en el territorio por la encargada norteamericana de negocios en el país, Laura Dogu, la Junta de Administración Colonial (Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino) ha iniciado un conjunto de reformas legislativas estructurales, que buscan garantizar que en la nueva situación de dominación, la burguesía criolla reciba una parte del atesoramiento rentista. Se modificaron y simplificaron las leyes de comercio, se produjo una reforma de la Ley de Hidrocarburos que rompe incluso con el tipo de nacionalismo limitado que impulsó la socialdemocracia venezolana en 1943 y 1976, retrotrayendo al país al momento en el que las transnacionales petroleras dictaban la relación con el fisco nacional. La disminución del porcentaje de regalías (30% a 15%), la concesión a las trasnacionales para que vendan directamente el petróleo y la aceptación de la capacidad de Estados Unidos para la decisión sobre la administración de los recursos provenientes del comercio petrolero, son el intento vergonzoso de la burguesía unificada y la junta de administración colonial, de mantener algún nivel de control sobre la acumulación. Ahora se anuncia la reforma de la ley del trabajo para terminar con el ajuste estructural, dictado por la administración Trump.   

La burguesía unificada del presente ha llegado más lejos de lo que había hecho la vieja burguesía en la cuarta república, perdiendo todo rasgo nacionalista, aceptando la situación de protectorado colonial que pretende imponer EEUU. Pero la última palabra la tendrán los acontecimientos de la lucha de clases por venir.

[1] Escrito para Imprecor, Francia.

[2] Por lo límites de extensión permitidos en este artículo solo pudimos abordar los hitos más representativos en la conformación de la nueva burguesía en el periodo 2002-2026, pero haría falta complementar este trabajo con un análisis de las tensiones que esto fue generando con el campo popular en cada uno de estos momentos, como evidencia de los distintos derroteros que asume la lucha de clases en cada situación y momento histórico. Seguramente habrá tiempo y espacio para acometer esta tarea de análisis en el futuro.

[3] Profesor universitario venezolano, militante de la corriente COMUNES de Venezuela.

[4] Estas crisis complementarias ocurren a partir del cisma del Estado popular-nacional por efecto del Caracazo de 1989 (se disuelve la noción de pueblo como consenso para el control estatal), la vuelta a la contradicción entre el mundo militar y civil (asonadas militares del 4 de febrero y 27 de noviembre de 1992), el cuestionamiento de la multitud al poder electoral (1993, ampliado en cada elección posterior), el primer distanciamiento radical entre la burguesía criolla y sus representaciones políticas en el gobierno al intentar los ricos la ruptura del hilo democrático (2002), el proceso de surgimiento de una nueva burguesía con intenciones liquidacionistas de su predecesora (2002-  ), las tensiones del nuevo modelo de policlasismo que intenta promover la revolución bolivariana (democracia representativa, poder comunal, nueva burguesía), el definitivo fracaso de los modelos de control de cambio basados en el subsidio del dólar (como forma de enriquecimiento de la burguesía financiera), los problemas en el tipo de control de precios (captura de excedente de renta) que llevaron a la crisis de desabastecimiento, y la evaporación del desarrollismo burgués por el colapso de los servicios públicos básicos (2014-2026), el escalamiento de las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos (2004-2017/ 2018-2025/ 2026 –   ) cuya relación comercial había estado en el centro del modelo rentista, el cierre democrático (2024-2026) y el riesgo de pérdida de la República ante las pretensiones coloniales norteamericanas (con sumisión de la junta de gobierno instalada desde el 3 de enero de 2026). Salir de la crisis estructural venezolana implica resolver de manera simultánea –o por lo menos convergente– todos estos problemas, algo que va a resultar muy complejo en una situación colonial como la abierta en enero de 2026.

[5] En Venezuela el dólar era subsidiado, colocándole un valor oficial por debajo de su valor real en el mercado, diferencial que operaba como un mecanismo de captura de la renta petrolera.