Luis Bonilla-Molina[1]

Resulta increíble observar cómo a partir del 3 de enero de 2026 la contrarrevolución ha tomado el control de la política venezolana. Veamos de manera sucinta lo que ocurre.

¿Quién decide el ejercicio del poder?

El 3 de enero de 2026, en la rueda de prensa que organizó Donald Trump para explicar los pormenores del ataque a Venezuela, dejó claro que, a partir de ese momento, eran los Estados Unidos quienes gobernaban Venezuela. Mencionó la disposición a cooperar de parte del alto mando político que había acompañado a Maduro hasta su captura y secuestro, incluso tuvo palabras elogiosas respecto a Delcy Rodríguez, a quien por Constitución le corresponde ocupar la vacante presidencial. Pero, lo sustantivo fue la indicación que quienes estaban al frente del gobierno  de Venezuela, tenían la función de aplicar las órdenes de la administración norteamericana.

El 7 de enero el secretario de Estado Marco Rubio anunció el plan de estabilización para Venezuela, con tres fases. Fase 1 de estabilización con el propósito de “evitar que Venezuela caiga en el caos y mantener el orden interno y la seguridad”, en la que se incluye controlar la producción y exportación del petróleo, la liberación de presos políticos y el regreso de los exiliados.  Fase 2 de recuperación económica y reconciliación nacional en la cual se procura reactivar la economía, levantar las sanciones internacionales, pretendiendo garantizar el acceso total al mercado venezolano por parte de empresas trasnacionales norteamericanas y occidentales, así como dar los pasos para una reconciliación nacional (concluir el acuerdo Inter burgués). La Fase 3 denominada de transición política cuyo objetivo es consolidar cambios estructurales en el sistema político venezolano y promover el retorno a la democracia burguesa, abriendo espacios plurales de encuentro (pluralidad que excluye a la izquierda, pretendiendo presentarla como incluida en el madurismo) y organizar nuevas elecciones.

El plan colonial estaba anunciado y en marcha, mientras en Venezuela la respuesta del gobierno fue moderada, con declaraciones para mantener su audiencia local, la derecha vivía en celebración por el secuestro de Maduro e incertidumbre por la aceptación del cuarteto de administración colonial (Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino) como interlocutor válido para los Estados Unidos, y la izquierda radical no lograba constituir un frente antiimperialista de unidad nacional.

¿Quién dirige la industria petrolera?

La administración Trump anunció que vendería directamente el petróleo venezolano, recibiría los pagos por este concepto y decidiría su uso para bien de los Estados Unidos y el pueblo venezolano. Es la concreción más clara de la nueva situación colonial del país. El anuncio de la confiscación entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo, la creación de una cuenta en Qatar para el manejo de los recursos que serían devueltos a Venezuela (a discreción de la administración Trump), el retorno de cuatro bancos privados venezolanos al sistema Swift quienes serán los encargados de subastar los dólares provenientes de la venta de crudo (no el banco Central de Venezuela) y la exigencia de presentar ante la Casa Blanca un informe de uso de los recursos por parte del gobierno de Delcy Rodríguez, fueron sellados con la primera venta internacional de petróleo venezolano por parte de Estados Unidos, el 15 de enero de 2026, por un monto de 500 millones de dólares. El 11 de febrero, el secretario norteamericano de energía, Chris Wright, llegó a Venezuela para supervisar en el terreno las operaciones petroleras y las reformas que la administración Trump ordenó después de los ataques del 3 de enero.  

Es decir, Venezuela ha perdido el control real de la venta de crudo, principal fuente de ingreso al país, dependiendo de los criterios de la administración norteamericana sobre el monto que puede disponer y su uso.     

Reformas jurídicas para dotar de legalidad el estatus colonial

El 16 de enero de 2026 el director de la Central de Inteligencia Americana (CIA), John Ratcliffe, quien había coordinado los planes para el ataque del 3 de enero y el secuestro del presidente Maduro, visitó Venezuela y se reunió con la presidenta encargada de Venezuela, Decy Rodríguez, para exponerle directamente los planes del gobierno gringo. Esta visita precedería la llegada el 1 de febrero, de la encargada de negocios de Estados Unidos para Venezuela, Laura Doug, quien coordinará los intereses de Washington directamente desde Caracas, siendo recibida en el Palacio de Miraflores, sede del ejecutivo venezolano. Una de las prioridades de su gestión es el acompañamiento de las reformas jurídicas e institucionales ordenadas por Trump.

El presidente del parlamento venezolano, Jorge Rodríguez (hermano de la presidenta encargada) anunció la agenda legislativa 2026, un plan para modernizar el ordenamiento jurídico, que incluye 29 leyes y ocho códigos nuevos, como parte de los cambios necesarios para facilitar la inversión extranjera. Este paquete de reformas jurídicas incluye los mecanismos para las licencias de comercio internacional de petróleo, proyecto de ley sobre precios y regulación interna, proyecto de ley para un sistema de precios acordados, regímenes fiscales más flexibles con reducción de impuestos y regalías para atraer inversión y la posibilidad de autorizar contratos y operaciones sin el control directo del Estado.

El 29 de enero de 2026 la Asamblea nacional de Venezuela aprobó la Reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que retrotrae al país a la situación de control de las trasnacionales a comienzos del siglo XX, disolviendo legislaciones progresistas previas impulsadas por la socialdemocracia local (ley de 1943, Nacionalización de 1976) y todos los avances del periodo chavista. Esta Ley marca el fin de facto del monopolio gubernamental, ejercido a través de la estatal PDVSA en materia de exploración, extracción, comercialización y exportación del crudo, habilitando ahora a empresas privadas, nacionales y extranjeras, para que puedan operar y comercializar, sin la necesidad previa de constituir contratos mixtos que cedan el control mayoritario al Estado. Se introducen los contratos directos con empresas privadas en los que estas pueden asumir la gestión operativa, riesgo y costos por cuenta propia, cambiando a su favor los beneficios acordados. Se permite incluso, que los accionistas minoritarios de empresas mixtas comercialicen toda o parte de la producción, incluso abriendo cuentas para operar en monedas extranjeras fuera del país. Los royalties o regalías a favor de Venezuela se reducen del 30% al 15%, eliminándose además varios impuestos previos, creándose la figura del impuesto integrado de hidrocarburos. Uno de los aspectos más lesivos a la soberanía nacional lo constituye la introducción de la posibilidad de resolver las disputas contractuales mediante arbitraje internacional o mediación independiente, violando la Constitución que explícitamente plantea que las controversias de interés público se resuelvan exclusivamente en tribunales del país y sin reclamos internacionales.  Como si todo esto no fuera poco, la reforma reduce a su mínima expresión (desaparece en la práctica) el rol que tenía el legislativo en la aprobación de los contratos petroleros, dejando solo la cuestión en un trámite de notificación.

La disminución en los impuestos y regalías puede conllevar a la reducción de ingresos públicos, empeorando de manera estructural la situación económica. Por otra parte, las intenciones de la administración Trump de colocar a su máxima productividad a la industria petrolera local, puede terminar afectando la geopolítica de los  hidrocarburos, especialmente  la relación de Venezuela con la OPEP.

Amnistía sin libertad de opinión

El Madurismo negó siempre la existencia de presos políticos, mientras dirigentes sociales, sindicales y partidarios permanecían encarcelados acusados por infringir La Ley contra el Odio, traición a la patria o subversión. Bastó que Donald Trump exigiera, a comienzos de enero, la liberación de presos políticos, para que las rejas de las cárceles comenzaran a abrirse. Cientos de activistas sociales y políticos, así como ciudadanos comunes injustamente acusados de delinquir por opinar o encontrarse en lugar que el estado consideraba sospechoso, comenzaron a obtener la libertad, pero todos salen con medida cautelar que les impide opinar, asistir a reuniones o manifestarse.

Activistas de derechos humanos señalan que aún permanecen en prisión más de 1.000 personas, mientras el gobierno se niega a publicar la lista de los liberados y menos la de quienes aún se encuentran detenidos. Después que Trump señalara públicamente que las liberaciones de presos políticos iban muy lentas, el 29 de enero de 2026 la presidenta encargada Delcy Rodríguez propone una Ley de Amnistía en formato de perdón, que expresa la negativa del Estado a reconocer los falsos positivos, la falta del debido proceso, las medidas de arresto extrajudicial, la muerte en prisión y decenas de ciudadanos que sus familiares consideran desaparecidos. La lucha de las organizaciones sociales y defensores de derechos humanos es que la libertad sea para todos, sin medidas cautelares, contemplando el derecho a exigir al Estado resarcir daños causados.  

La ley del Trabajo el escollo más complejo

Ahora, se anuncia la modificación de la Ley del Trabajo, mientras la patronal empresarial Fedecamaras se niega a aceptar aumentos de sueldos sin que se eliminen derechos adquiridos en la actual legislación.  La mayor tensión social existente, después de la libertad de los presos políticos, se produce alrededor del salario. El salario mínimo en Venezuela está ubicado en 0,35 de dólar al mes, el salario promedio de un profesor universitario Titular es de 1 dólar de salario al mes, más 160 dólares en bonos sin incidencias salariales, en una nación donde los productos básicos pueden costar hasta tres veces más que en cualquier país de la región.  Aumentar el salario equivale a desactivar el reloj de arena de una explosión social que se puede estar gestando.

No obstante, el salario ha caído tanto que cualquier aumento que en otro país parecería extraordinario en Venezuela sería miserable. Un aumento de 100% del salario en Venezuela -algo impensable en Colombia o España- significaría menos de un dólar mensual. Esto crea una situación muy compleja, porque a raíz de los anuncios de mejora en los ingresos del país para justificar la flexibilización en el marco jurídico petrolero, la expectativa social es de un aumento salarial equivalente al costo de la canasta mínima de hogar, ubicada por encima de los 500 dólares mensuales. Por eso, la presión de Fedecamaras es para que la reforma de la legislación laboral termine de hacer desaparecer el salario y termine bonificando todas las remuneraciones por el empleo, algo que colocaría al país en el preámbulo de la primera Ley del Trabajo.  

La administración Trump toca las puertas del Fondo Monetario Internacional

Esta contrarrevolución fast track que se inició el 3 de enero de 2026, encuentra al secretario de Estado Marco Rubio, haciendo lobby para que Venezuela sea readmitida de manera expedita en el Fondo Monetario Internacional, pueda acceder a recursos represados en este ente multilateral, pero también entre en un plan de ajuste estructural, como el que está ocurriendo en Bolivia o Argentina, que deprima aún más el presupuesto público.

Mientras el representante de Delcy Rodríguez hace antesala, esperando el éxito de las gestiones norteamericanas en el Fondo Monetario Internacional, en Venezuela se generan expectativas de mejora de la situación de la clase trabajadora a partir de la liberación de los 4.900 millones de dólares, represados en este organismo, según el portavoz del FMI Julie Kozak. Pero las cuentas no cuadran.

Torrente subterránea

La situación en Venezuela es de calma, de tensa calma. Pero las expectativas de mejora de la situación material de vida que permita volver a vivir con un mínimo de dignidad, facilitando el regreso de los ocho millones de migrantes, son muy altas, exageradamente altas. La clase trabajadora espera aumentos de salario ya, antes del 1 de mayo, que sean sustantivos y reales, acordes a la situación y las necesidades. En el horizonte no se vislumbra que eso se pueda hacer, que sería maravilloso, pero nos sorprendería. De no ocurrir, el rio de indignación que de manera subterránea recorre el país, podría convertirse en un volcán, convirtiendo la actual situación de burbuja democrática en el prólogo de una represión sin precedentes sobre el movimiento social.

¿y la izquierda?

El Madurismo no solo sepultó lo progresivo del Chavismo sino liquidó la democracia. Los eventos del 3 de enero, con la agresión norteamericana significaron un golpe profundo a la República y la apertura de una situación colonial que expresa de manera nítida la derrota histórica del proyecto bolivariano y del socialismo del siglo XXI que encarnó Hugo Chávez Frías. Esa es una realidad concreta para reformular la política desde los sectores democráticos, populares, progresistas y de izquierda. 

Esta derrota se expresa en la inexistencia de una respuesta autónoma, popular y autoorganizada en las calles contra la agresión militar y la situación colonial que pretenden imponer los Estados Unidos. El gobierno ha logrado organizar desde el aparato del poder menguadas movilizaciones sin espíritu combativo, la derecha quedó inmovilizada ante el reconocimiento de Trump a la Junta de administración colonial liderada por Delcy Rodríguez, la izquierda radical, anticapitalista y anticolonial tampoco logró movilizar a sectores populares, y el movimiento popular se activó este 2 de febrero ante su demanda más sentida, salario y mejores condiciones materiales de vida. La verdad sea dicha, aunque nos duela, no hay posibilidades en este momento de movilizaciones unitarias, que evidencien unidad nacional antiimperialista. A este desastre nos llevó el Madurismo.

No obstante, lo público, el ejercicio de la ciudadanía tocó piso, llegó a su mínima expresión, llevando a la desesperación colectiva, que se expresa en términos políticos en el hecho que una franja importante de la población, no solo de derechas, piense que el tutelaje norteamericano pueda ser mejor que el desgobierno madurista. Por eso no vemos grandes movilizaciones ni un frente nacional antiimperialista, negarlo es no comprender el momento político.

En consecuencia, la lucha por redemocratizar la vida social y política del país debe ser la prioridad en la agenda nacional, lo cual pasa por la reinstitucionalización de los poderes públicos y la apertura para atender las urgentes demandas sociales. Este es el único camino posible para abrir cauces a la conciencia y lucha anticolonial. Sin democratización de la sociedad venezolana será imposible recuperar la República.

En las experiencias colonialistas conocidas, el agresor auspicia la conformación de partidos políticos cipayos, por su naturaleza de aceptación de la condición colonial, a quienes consideran los interlocutores válidos; hoy, una parte importante de la clase política, la que está en el gobierno y sectores de la oposición funcional al estatus quo, pugnan por cumplir ese rol. En consecuencia, el desafío es edificar partidos políticos democráticos que realmente cumplan el rol de intermediación que permita de manera constructiva recuperar la República. Esto implica construir espacios de convergencia en la diferencia, organizar instrumentos políticos plurales, como la única forma de evitar que la redemocratización se oriente al auge de partidos  que promuevan la situación colonial.

No es fácil, porque venimos de décadas de polarización, de desencuentro, de abandono de la política como el arte de hacer posible lo imposible en favor de las mayorías. Para la izquierda no madurista esto implica superar la autorreferencia, el sectarismo y las poses de radicalidad sin capacidad de vincularse al movimiento de masas, pero también la defensa de la identidad, preservar el derecho a existir como opción de poder de los humildes, de los sectores populares, en el marco de una agenda imperial que puede promover que cualquier instrumento político referenciado en el socialismo sea proscrito.

Reinventar para no errar, el mayor desafío de la izquierda venezolana en un momento tan complejo como el actual.

[1] Profesor universitario venezolano, militante de la corriente COMUNES en Venezuela.